Nulidad de una cláusula penal del 40% en un contrato de leasing con consumidores por abusiva
Sheila Martínez Gómez
Julio 2025
Resumen: El Supremo declara la nulidad de una cláusula penal inserta en un contrato de leasing por resultar manifiestamente desproporcionada en relación con el valor de los daños y perjuicios efectivamente causados al predisponente al resolverse anticipadamente el contrato por los arrendatarios financieros.
Teresa María Martín
Julio 2025
Resumen: La presente nota informativa repasa algunas claves del Informe de la Comisión Europea COM (2025)268 en torno a las normas de competencia judicial internacional en materia de consumo reguladas en los artículos 17 a 19 del Reglamento Bruselas I bis. El Informe recientemente publicado constata que este régimen especial de protección ha reforzado el acceso a la justicia del consumidor. Sin embargo, también señala puntos críticos que suscitan problemas en la aplicación práctica, como la definición de consumidor, la noción de actividad dirigida o la exclusión de los contratos de transporte.
Responsabilidad bancaria ante el fraude digital
Lucía Martínez Álvarez
Julio 2025
Resumen: Este trabajo analiza la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2025 (STS 571/2025), que trata sobre la responsabilidad de las entidades bancarias en casos de fraude digital. En particular, se examina un caso de transferencias no autorizadas mediante técnicas de phishing (suplantación) y duplicación de SIM. El Tribunal concluye en que no basta con que el banco cumpla los requisitos técnicos de autenticación: también debe demostrar que no hubo fallo en el sistema ni negligencia grave por parte del cliente. Con ello, se refuerza la protección del consumidor frente a operaciones que no ha autorizado.
Manuel Jesús Marín López
Junio 2025
Resumen: La STJUE de 13 de marzo de 2025 (asunto C-337/23; caso APS Beta Bulgaria Eood) analiza si es conforme a la Directiva 2008/48, de contratos de crédito al consumo, la normativa búlgara que permite al consumidor no pagar interés alguno cuando en el contrato de crédito se indica una TAE calculada de forma incorrecta. En este trabajo se examinar esta resolución judicial y los efectos que puede tener en la interpretación de los apartados 2 y 4 del art. 21 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.
Lucía del Saz Domínguez
Julio 2025
Resumen: El pasado 5 de junio de 2025, los ministros de Transportes de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para reformar el Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos. La medida más controvertida consiste en el aumento de los umbrales temporales mínimos que conceden a los pasajeros el derecho a una compensación económica por retraso. En lugar de las tres horas actualmente exigidas, se propone elevar dicho límite a cuatro o incluso seis horas, en función de la distancia del vuelo.
Nuria del Carmen Gómez Hervás
Julio 2025
Resumen: Tras la Sentencia del TS de fecha 21 de abril de 2025, (ROJ: STS 1766/2025-ECLI:ES:TS: 2025:1766), los gastos de libros de texto y matrículas habrán de ser considerados ordinarios; sin embargo, la naturaleza de los gastos de actividades extraescolares relacionados con el aprendizaje de idiomas (inglés) y prácticas deportivas) pádel y balonmano, quedan como extraordinarios. Se impone clarificar los conceptos de “educación” e “instrucción” contenidos en el art. 142 del Código Civil, cuya interpretación condiciona la calificación de los gastos como ordinarios o extraordinarios.
Préstamos hipotecarios: transparencia sustancial de la comisión de apertura
Alberto Javier Tapia Hermida
Publicado en: LA LEY Unión Europea, Nº 137, Sección Crónica de jurisprudencia, Junio 2025
¿Quiénes son considerados "grandes tenedores" en Cataluña?
Lucía del Saz Domínguez
Junio 2025
Resumen: En el presente trabajo se analiza si, en Cataluña, es aplicable la excepción a la consideración de “gran tenedor” prevista en el artículo 5.9 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (en adelante, nos referiremos a ella como la Ley 24/2015), cuando más de un 15% de dicho proyecto residencial se destina a alquiler de vivienda de protección oficial (VPO).
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