Lo físico se paga: la disminución de precios en el mercado online
Blanca Aparicio Araque
Septiembre 2025
Resumen: Ante las numerosas reclamaciones presentadas debido a la disminución de precio de un mismo producto en la página web de una compañía respecto de su tienda física, analizamos cuáles son los desencadenantes del mismo, el pronunciamiento de diversos organismos, así como si se considera legal o no, teniendo en cuenta el derecho de consumidores.
Cerco a la reduflación en la nueva Ley de Consumo Sostenible
Sheila Martínez Gómez
Septiembre 2025
Resumen: El Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible introduce una nueva letra g) en el apdo. 1 del art. 20 TRLGDCU con la finalidad de robustecer la defensa de los derechos de las personas consumidoras respecto de aquellas prácticas empresariales, como la reduflación o inflación por contracción («shrinkflation»), que los ponen en riesgo.
Blanca Aparicio Araque
Julio 2025
Resumen: Con la aparición de sistemas de inteligencia artificial, utilizados en múltiples sectores de la vida cotidiana como son la industria, la sanidad o la educación, se ha abierto un nuevo debate en materia de protección de datos: qué requisitos son precisos para que estos sistemas puedan ser alimentados por los datos que los usuarios de las redes sociales suben en sus cuentas. En el presente artículo analizaremos de qué manera debe prestarse el consentimiento para que todos esos datos sean tratados dependiendo de diversos factores, y si nos podemos oponer a este tratamiento, todo ello en aras a visibilizar la importancia de la protección de la privacidad de nuestros datos personales.
José María Martín Faba
Julio 2025
Resumen: La resolución de la DGSJFP 22.04.2025 resuelve si procede la cancelación de la inscripción de adquisición, derivada de una previa adjudicación hipotecaria, tras la estimación judicial de la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado en el préstamo hipotecario ejecutado y consiguiente declaración de sobreseimiento de la ejecución. En particular, la cuestión controvertida gira en torno a si, al no estar la finca ya inscrita a nombre de la entidad ejecutante, ni tampoco en favor del fondo cesionario del remate, sino en favor de un tercero, cabe cancelar la inscripción de la adquisición última de la finca en favor del titular registral.
Competencia territorial y potestad sancionadora en materia de consumo: ¿Jurisprudencia a la vista?
María Zaballos Zurilla
Septiembre 2025
Resumen: El presente trabajo analiza el Auto del Tribunal Supremo de 8 de enero de 2025 (ECLI: ES:TS:2025:103A) en el que admite el recurso de casación planteado por la representación procesal de la Junta de Andalucía, contra la sentencia, de 24 de mayo, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que plantea cuestiones interesantes y complejas sobre competencia en materia de potestad sancionadora en Derecho de Consumo.
Ángel Carrasco Perera
Julio 2025
Resumen: No cesan de producirse pronunciamientos judiciales que desaprueban cláusulas como intransparentes en la contratación al consumo, y persisten en liquidar los problemas de abusividad como problema de falta de claridad del clausulado. En este trabajo voy a detenerme en una reciente sentencia europea.
Mª del Sagrario Bermúdez Ballesteros
Julio 2025
Resumen: En la sentencia de 15 de mayo de 2025, dictada en el asunto C-100/24, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelve que la mención en un sitio web de una modalidad de pago aplazado, concretamente la “compra a cuenta”, puede considerarse una “oferta promocional” en el sentido del artículo 6, letra c), de la Directiva 2000/31/CE, sobre el comercio electrónico (DCE), siempre que ofrezca al consumidor una ventaja objetiva y cierta que pueda influir en su comportamiento comercial.
La trascendencia de considerar o no subsumible el caso en el precepto citado estriba en la imposición -o no- al empresario de la consiguiente obligación de informar al consumidor con carácter previo de las condiciones exigidas para acceder a la contratación.
Alicia Agüero Ortiz
Julio 2025
Resumen: Recientemente el Tribunal Supremo ha publicado tres sentencias en las que desestima las pretensiones de los inversores afectados por los CDA de Triodos Bank. En concreto, los inversores demandantes instaban la declaración de nulidad radical, anulabilidad por error vicio y resolución contractual por incumplimiento, resultando todas las acciones desestimadas por el TS en atención al cumplimiento por parte de la demandada de las obligaciones de información sobre los riesgos del producto y al propio perfil de los inversores, todos ellos con formación universitaria, experiencia inversora y, en ocasiones, experiencia laboral en finanzas. Asimismo, incide en la postura del TS el hecho de que las autoridades holandesas declararan lícita la actuación de Triodos Bank.
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