¿Cuándo los datos personales pueden ser calificados como contraprestación?
Sheila Martínez Gómez
Julio 2024
Resumen: Se recibe en CESCO una consulta (procedente del Servicio de Mediación y Arbitraje de la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha) sobre cuándo puede calificarse de oneroso el contrato de suministro de contenidos y/o servicios digitales a cambio de la cesión de datos personales por parte del usuario.
¿Puede el arrendatario del local exigir la aplicación del art 10 Ley Propiedad Horizontal?
Celia Sevilla González
Julio 2024
Resumen: El arrendatario no es per se parte en la relación jurídico material establecida por la declaración del régimen de propiedad horizontal, el cual regula las relaciones entre los propietarios y entre estos y la comunidad de la que forman parte. Los derechos y obligaciones del arrendatario de local de negocio respecto del arrendador quedan encuadrados en las disposiciones del contrato de arrendamiento regulado en el Código Civil y en las estipulaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Salvo pacto en contrario, es obligación del propietario asumir las obligaciones derivadas de la Ley de Propiedad Horizontal, entre ellas las establecidas en su artículo 10 relativas a las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble. A pesar de ello, la práctica jurídica demuestra que el arrendatario puede, en determinados casos, verse afectado directamente por la ejecución de actos derivados de las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal o que les alcancen indirectamente, por simple conexión, dada su condición de titulares de la posesión de un inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal. Esta conexión puede en determinados casos atribuirle la responsabilidad de realización de las obras necesarias para el inicio de su actividad.
Ángeles Lara Aguado
Julio 2024
Resumen: El establecimiento de la filiación de los menores que nacen en el extranjero de contratos de gestación por sustitución y su reconocimiento por una u otra vía en el Estado de residencia habitual de los comitentes es un tema cada vez más en auge, como consecuencia de los deseos irrefrenables de paternidad/maternidad a toda costa y del mercantilismo sin límite que impregna todos los ámbitos de la sociedad actual. La Sentencia del Tribunal Constitucional español 28/2024, de 27 de febrero de 2024, aun admitiendo que estos contratos pueden atentar contra la dignidad de la mujer gestante, concluye que debe permitirse la constitución de la adopción de un niño por parte de la esposa del padre del menor, cuando aquel consta inscrito en el Registro civil español como padre biológico de su hijo, porque su paternidad proclamada por el Registro civil no ha sido impugnada por el Ministerio Fiscal.
Helena Palomino Moraleda
Julio 2024
Resumen: Una vecina de dos Hermanas, quien ha sido reconocida en situación de dependencia, fallece sin que hubiera sido aprobado el PIA. Una de sus hijas recurre la finalización del procedimiento administrativo de aprobación del PIA por fallecimiento de la promotora y reclama una cuantía económica en concepto de sufragio de los gastos que financiaron a su madre para su cuidado, como consecuencia de la dilación de la Administración. Reconoce el TS a los causahabientes el derecho a que se apruebe el PIA y derivado de ello, el interés que estos tienen en el reintegro de los gastos que han venido financiando a la causante. Se equivoca el Alto Tribunal al ofrecer una solución intermedia.
Pilar Domínguez Martínez
Julio 2024
Resumen: El estudio analiza la responsabilidad de una aseguradora tras un accidente de tráfico, evaluando su gestión en la atención médica y la asistencia legal proporcionada a la reclamante. La consulta plantea si la aseguradora cumplió con sus obligaciones contractuales y si se pueden tomar acciones legales adicionales debido a la gestión deficiente del siniestro y el asesoramiento jurídico inadecuado.
¿Qué es la Directiva anti-SLAPP?
Mª Victoria Cuartero Rubio
Julio 2024
Resumen: Muy mediática y sumamente interesante desde un punto de vista jurídico, la Directiva (UE) 2024/1069 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de abril de 2024 relativa a la protección de las personas que se implican en la participación pública frente a pretensiones manifiestamente infundadas o acciones judiciales abusivas («demandas estratégicas contra la participación pública») es una norma de litigación civil: en defensa de la libertad de expresión e información, la democracia y el Estado de Derecho.
María Zaballos Zurilla
Julio 2024
Resumen: La STS (Sala 3ª), de 29 de abril de 2024 (JUR 2021, 133017) considera que la renuncia al derecho a recibir la factura en papel, y la aceptación de la factura electrónica por parte del consumidor tiene que ser solicitada de manera expresa por la empresa y que, además, esta ha de recabar la información pertinente sobre la recepción de la factura electrónica. Establece asimismo de modo indubitado que la posibilidad, legalmente consagrada, de revocación del consentimiento previamente prestado por el consumidor, que ha de realizarse del modo previsto, ex art. 63.3 TRLGDCU, excluye absolutamente que la factura electrónica pueda ser incluida en las condiciones generales del contrato, de necesaria e incondicionada aceptación, previa a cualquier cambio u opción posterior.
Lucía del Saz Domínguez
Junio 2024
Resumen: En este artículo señalamos las principales novedades introducidas por el nuevo Reglamento (UE) 2024/1183, sobre identidad digital en la Unión Europea, también conocido como eIDAS 2.
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