Encarna Cordero
Diciembre 2018
Resumen: Hasta 2018, la UE se había contentado con imponer obligaciones de eficiencia energética a los edificios nuevos y a los existentes solo cuando fueran objeto de reformas importantes. La Directiva (UE) 2018/844 tiene un objetivo más ambicioso, pues obliga a los Estados a promover activamente y a procurar un entorno jurídico que propicie la descarbonización total de todo tipo de edificio existente antes de 2050. No obstante, el sistema jurídico español está plagado de diversos escollos (el corsé competencial entre el Estado y las CCAA, la rigidez del régimen de propiedad horizontal y arrendaticio), que no parecen fácilmente soslayables.
